La candidatura que quisieron impedir

 

La candidatura que quisieron impedir

Quince años después de su caída, Marcos Pérez Jiménez volvió a convertirse en un problema para la política venezolana. Esta vez no desde el poder, sino desde las urnas.

En 1968, la Cruzada Cívica Nacionalista obtuvo casi medio millón de votos sin la maquinaria electoral ni la publicidad de los grandes partidos. El resultado sorprendió y, hacia 1973, el perezjimenismo reaparecía como un movimiento de masas.

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La fuerza del fenómeno llevó a partidos de distintas tendencias a buscar una alianza o el respaldo de Pérez Jiménez. Incluso desde la izquierda hubo voces que advirtieron que aquello no podía reducirse a una simple nostalgia por la dictadura.

Teodoro Petkoff provocó un terremoto político al afirmar: «Nos negamos a valorar ese fenómeno político de masas según las normas morales del sistema». Para el dirigente, el asunto trascendía a Pérez Jiménez: era una masa social que cuestionaba parte de lo establecido.

La respuesta de los partidos tradicionales llegó por la vía legal. En octubre de 1972, AD y COPEI promovieron una enmienda constitucional que impedía ser candidato a quien hubiese sido condenado por delitos cometidos en el ejercicio de funciones públicas.

El 14 de junio de 1973, el Consejo Supremo Electoral rechazó la candidatura de Pérez Jiménez. URD y el MEP votaron en contra y denunciaron el carácter retroactivo y arbitrario de la medida.

Pero quedó una pregunta incómoda. Rafael Caldera escribió en El Nacional: «Si después de diez años de AD y cinco de COPEI, el resultado es el auge del perezjimenismo, lo que se debe reformar no es la comunidad ni la ley, sino la manera de gobernar».

La historia dejó abierta la interrogante: ¿se derrotó al perezjimenismo mediante una reforma constitucional o se evidenció su fuerza al punto de que el sistema tuvo que cerrarle el camino electoral?

 

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